Decreto de la Reserva Minera Nacional no toca proyectos lesivos para Wirikuta
El pasado 16 de agosto, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Reserva Minera Nacional en el territorio sagrado de Wirikuta en el estado de San Luis Potosí, misma que ha sido repetidamente desestimada por el Consejo Regional wixárika y el Frente en Defensa de Wirikuta, dado que dicha reserva deja intactos los proyectos mineros que devastarían el territorio ceremonial, como es el proyecto La Luz de la empresa First Majestic Silver y el proyecto Universo de la empresa Revolution Resources, lo que representa una embestida mediática que pretende, mediante la simulación, engañar a la sociedad civil y al pueblo wixárika.
Ambos proyectos son una amenaza de muerte no solo contra la existencia misma de la cultura de este pueblo, cuya población asciende a 70 mil wixaritari y su territorio agrario continuo en la Sierra Madre Occidental supera en superficie al Estado de Colima, sino contra los equilibrios eco sistémicos del altiplano potosino, de los que no se puede excluir a los habitantes campesinos mestizos de los ejidos de Wirikuta.
Dicha reserva minera deja cuatro grandes huecos sin protección dentro de las mas de 140 mil hectáreas que abarca la Reserva Ecológica de Wirikuta, dos de ellos están sobre la Sierra de Catorce y corresponden a los proyectos de First Majestic al norte. Al oriente de la Sierra en la zona del Jordán excluye de la reserva, a minera Tayahua filial de Frisco, propiedad de Carlos Slim; deja a salvo las concesiones de la Mina de La Paz que destruyó desde hace años el sitio sagrado denominado Tsinamekuta, dejando el puro cascarón del Cerro del Fraile e interrumpiendo de manera definitiva la peregrinación que el pueblo Wixárika venía realizando hasta ese sitio, esto al oriente de la Sierra.
Al poniente de la Sierra de Catorce, está el Bajío de Wirikuta, que alberga una gran biodiversidad que lo convierte en un inmenso y antiguo jardín, es la zona por donde transitan los peregrinos wixaritari en busca del hermano mayor Kauyumarie, materializado en una cantidad de altares sagrados, además de ser donde se recolecta la planta sagrada del híkuri o peyote.
Todo ese Bajío se encuentra actualmente amenazado por el proyecto Universo, cuya superficie total es de 352 mil 931 hectáreas de las cuales 48 mil 833.697 se encuentran dentro de Wirikuta, justamente en esta zona es donde se concentra el mayor interés de la empresa minera canadiense Revolution Resources que pretende realizar explotación mediante tajo a cielo abierto para extraer oro y plata.
Universo tiene denominadas para su exploración tres zonas principales denominadas: Zona de Navarro que abarca la mina Cinco Estrellas, localizada dos kilómetros al sur de la cabecera de la Presa Santa Gertrudis (PSG) localidad donde se encuentra el sitio sagrado de Harakuna Mutima en el límite de la reserva de Wirikuta, a la que la dicha zona invade 2.5 kilómetros y donde se han realizado trabajos mineros con anterioridad.
La Perdida, localizada 10 kilómetros al noroeste del centro de población de la (PSG), teniendo como epicentro minero las concesiones de La Concepción y la Guadalupana.
La tercera es la zona denominada Lindo Día que tiene su principal recinto en las concesiones de La Lira y el Bernalejo, justo en uno de los altares principales que es Kauyumarie Muyehue.Lindo Día abarca casi todo el bajío de Wirikuta. Incluyendo los ejidos de San Antonio de Coronados, Las Margaritas, Tanque de Dolores, Estación Wadley y los terrenos comunales de San Antonio de Coronados. En toda esa zona, los mineros de Revolution Resources han colocado estacas dirigidas a la exploración.
Mientras tanto han avanzado con el cabildeo, cooptación e intimidación de los propietarios de las otras zonas. Consistiendo en un ejido y un pequeño propietario para la zona de Navarro, así como un ejido y tres pequeños propietarios para la zona de la Perdida.
Anteriormente, de 1986 a 1994 se realizaron perforaciones a cargo de las empresas Cia Fresnillo, Kennekott y Minera Kett, Mismas que sumaron un total de 36 perforaciones, de las cuales 16 se encuentran dentro de la Reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta. Dichas perforaciones de exploración fueron reportadas con una profundidad que va de los 29 a los 280 metros.
Adicional a estos estudios que terminaron hace 18 años, la empresa minera Revolution Resources propuso realizar 53 nuevas perforaciones de las cuales 12 se encuentran en la zona denominada La Perdida y 41 se encuentran en la zona de Navarro, de estas últimas, 16 se encuentran dentro de la de la Reserva Ecológica de Wirikuta.
Las perforaciones que está realizando este ambicioso proyecto denominado Universo, se iniciaron en julio de 2011 y actualmente se están llevando a cabo en las zonas que son Navarro y La Perdida. De manera ilegal, la empresa Revolution Resources presentó ante la Semarnat un Informe Preventivo de Impacto Ambiental, que señala un polígono de 270 hectáreas, donde se realizarían 40 perforaciones que no sobrepasarían los 350 metros. Sin embargo, según testimonios recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el mes de enero del presente año en el ejido Presa Santa Gertrudis, se estarían realizando perforaciones hasta por mil metros de profundidad, “lo que podría constituir un riesgo para el acuífero Venegas-Catorce” www.sinembargo.mx/24-01-2012/129495, por lo que la CNDH solicitó medidas cautelares a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Pese a ello, y con la complicidad que caracteriza a la Profepa, en febrero pasado Alfredo Sánchez Azúa, delegado de dicha instancia, en respuesta a la recomendación de la CNDH realizó una supuesta inspección en la que “no encontraron actividad minera”
(http://www1.lajornadaguerrero.com.mx/2012/01/10/index.php?section=cultura&article=011n2cul), a pesar de los avanzados estudios de exploración y la evidente presencia de barrenaciones y estacas para continuar perforando en todo el bajío de Wirikuta.
Incluso y contradiciendo a la Profepa, la empresa minera Revolution Resources reporta en un informe con fecha 2 de agosto del año en curso que en efecto se realizaron las perforaciones y fueron encontrados altos niveles de oro y plata por debajo de la mina 5 estrellas con concentraciones de 42.4 gramos por tonelada de oro y 68.2 gramos por tonelada de plata.
Para la población de la Presa Santa Gertrudis, la empresa minera llegó arropada por la pobreza en la que viven las poblaciones locales, que los orilla a pensar en la oferta de la Revolution Resources como una puerta para mitigar el hambre. Además ha estado en medio de un contexto en el que la comunidad ha debido organizarse para tratar de frenar el despojo de su territorio, asediado desde hace años por el intento de arrebatarles sus tierras, precisamente donde están las viviendas de las 120 familias de ejidatarios, por un supuesto pequeño propietario llamado Eladio Sánchez Montejano, que ha contado con la complicidad de los gobiernos estatal de San Luis Potosí y municipal de Charcas, en una zona a la que denominan El Hueco dentro del paraje El Soyate, zona que no se escapa de los intereses mineros.
De manera simultánea, desde hace algunos años han sufrido un fuerte acoso policiaco y militar, que ha destacado en el contexto de la lucha del ejido por la represión, intimidación, destrucción e incendio de viviendas; proceso nada desvinculado de las intenciones de despojo agrario (http://www.larazonsanluis.com/sitio/nota.php?id=4110) que ha sido abiertamente protegido por las instancias gubernamentales en esta zona altamente codiciada por las empresas mineras.
por Tunuary y Cristian Chávez.
Jornada Jalisco
27 de agosto 2012
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/08/27/decreto-de-la-reserva-minera-nacional-no-toca-proyectos-lesivos-para-wirikuta/
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Reformas necesarias a la legislación minera
Diversos grupos de mexicanos –campesinos, indígenas, profesionistas y académicos, entre otros– se han manifestado recientemente por que se modifiquen las leyes que regulan las actividades mineras en el país. Muchas y variadas son las razones en que fundan sus propuestas; entre ellas, que en las dos décadas recientes el gobierno ha concesionado a las empresas mineras, la mayoría de capital extranjero, alrededor de la tercera parte del país, y que éstas, al actuar como enclave, han minado la soberanía del país en ese territorio; que los beneficios por la entrega de los recursos minerales del país a dichas empresas sólo le han dejado las migajas que por derechos de concesión pagan cada semestre –de cinco a 111 pesos por hectárea–; que, en cambio, causan grandes daños al medio ambiente, ocupan el agua que debería servir para consumo humano y para la producción de alimentos y, en general, violentan los derechos de los mexicanos todos y de los pueblos indígenas en particular.
La demanda de que se reforme la legislación en materia minera tiene razones y causas justas que la sustenten. Además de las económicas y sociales que exponen quienes se han manifestado públicamente en ese sentido, existen otras, de naturaleza jurídica, a las que aquí quiero referirme. En primer lugar está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 27 establece el derecho de la nación mexicana de regular el aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio social, distribuir equitativamente la riqueza pública, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos. El artículo 25, por su parte, regula la rectoría del Estado en el desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable y fortalezca la soberanía nacional. Finalmente, el 26 mandata al gobierno la organización de un sistema de planeación democrática cuyo objetivo sea la equidad en el crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
El mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se cumple; por eso las denuncias de los daños que provoca la actividad minera abundan cada día. Las causas son múltiples, entre ellas que las leyes se han apartado de los preceptos constitucionales para favorecer la libre penetración del capital en actividades que antes desarrollaba el Estado. Así, mientras la Carta Magna asienta como garantía constitucional el derecho a la alimentación, al agua y a un ambiente sano, la ley minera declara esa actividad como preferente y de utilidad pública con lo cual la producción de alimentos pasa a un nivel secundario, lo mismo que el uso del agua para consumo humano. En materia de medio ambiente, lo que se ha visto hasta ahora es que de todas las consultas públicas que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha emprendido donde ha habido rechazos a la actividad minera, ninguna ha sido favorable a las empresas; no obstante, las empresas se instalan porque tales consultas no son vinculantes. La opinión popular sólo sirve para cumplir un requisito de procedimiento.
por
Francisco López Bárcenas
29 de agosto del 2012
La Jornada